Senador Carlos Felipe Mejía
Han pretendido algunos círculos políticos y del periodismo nacional presentar como infructuosos los primeros cien días de ejercicio del presidente Duque, aprovechando el momento para endilgarle responsabilidades por causas heredadas del nefasto gobierno anterior. Articulan una estrategia de oposición oportunista incitando a la protesta violenta y perturbadora, mediante la utilización y la manipulación del justo reclamo, convirtiéndolo en agitación ejercida por grupúsculos subversivos o milicias urbanas. Esta irresponsable actitud desestabilizadora, contrasta con el ánimo y la práctica del consenso del presidente Duque, manifestada en la promoción de las medidas anticorrupción, la invitación a lograr acuerdos en materia de reformas política y de justicia, en la garantía a la libre y soberana decisión del Congreso en el trámite de la agenda legislativa, así como en la de control político, no interfiriendo para en la fallida moción de censura al Ministro de Hacienda.
Cien días en los cuales ya se ha sentido con determinación un cambio fundamental prometido en campaña y por el cual votaron sus electores: se acaba la transacción con el Congreso mediante prácticas debajo de la mesa y a espaldas de la opinión pública. Es el principio para acabar por fin con el clientelismo perverso y la corrupción que se multiplicó geométricamente en el gobierno Santos. Está demostrando Iván Duque que con voluntad política y firme decisión se puede superar y resistir cualquier tipo de presión o de chantaje, ya lo decíamos en campaña que Duque tiene el más valioso y escaso de los patrimonios de un político, es un hombre decente.
Será enorme la diferencia y de trascendental significado la forma transparente como se tramitará la ley de financiamiento y las modificaciones de tipo tributario que ella conlleva. El Congreso en su autonomía y cumpliendo con su deber acogerá o negará lo que democráticamente se decida en comisiones y plenarias, deliberando a puertas abiertas y no en la forma como lo acostumbró el anterior gobierno, que impuso nocivas reformas tributarias, votadas a última hora, luego de reuniones a puerta cerrada con una sola bancada de gobierno en una feria de cupos, de contratos y trueques tras bambalinas. Este fin de año no tendremos imposición sino deliberación y la opinión púbica tendrá el respeto por sus opiniones, las cuales serán tenidas en cuenta por el Congreso que es el órgano decisorio.
El nuevo gobierno durante estos cien días ha logrado emprender con solidez programas y propuestas de política públicas de gran trascendencia: semilleros de propietarios en vivienda; cierre financiero de recursos para la salud y diseño del saneamiento de las deudas del sector; Estado Simple, Colombia Ágil para destrabar la administración pública; plan de energías renovables y digitalización de títulos mineros; colocación de 4 billones de créditos Finagro; proyecto para fortalecer y reestructurar las CAR; un nuevo Plan De Alimentación Escolar PAE y Generación E para fortalecer la educación púbica; 500 mil millones para vías terciarias; se implementa la Economía Naranja; se avanza con la modernización del sector de las TIC y se incauta la dosis mínima que comercializan los jíbaros, entre otros. Capítulo aparte merece para Caldas una partida inicial por $100 mil millones en el presupuesto 2019 para Aerocafé.
Si algunas de las propuestas contenidas en la reforma a la justicia y que son aspiraciones tanto del gobierno actual como de una gran mayoría de colombianos, no se ven viables en el avance de la agenda legislativa, va siendo hora de concretar estos cambios específicos, como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, reformas a la JEP y al tribunal de aforados, mediante una constituyente popular y delimitada a aquellos aspectos concretos de la justicia en los cuales es un imposible el acuerdo interinstitucional para materializarlas. Este gobierno y el partido Centro Democrático no le temen al voto popular, se le respeta y se acata, por esto es posible considerar la convocatoria popular a la que se ha referido el presidente del Senado Ernesto Macías, y permitir al pueblo colombiano decidir democráticamente una reforma a la justicia que incluya las modificaciones a la justicia especial JEP, que hoy opera solo al servicio de las Farc, tal como se demuestra en el caso de la extradición del narcotraficante Santrich, desconociendo normas procedimentales del derecho internacional. El actual gobierno acepta las decisiones en democracia, actúa lejos de las prácticas dictatoriales de imponer medidas a cualquier precio, no acomoda artificialmente umbrales electorales, ni se roba plebiscitos ni elecciones. La señal clara de este nuevo gobierno es que se somete a las decisiones que se tomen voto a voto, tanto en el Congreso, como en todas las elecciones o a través de todo tipo de mecanismos de participación ciudadana constitucionales.
Cien días son muy pocos para evaluar un Gobierno, pero una cosa sí nos puede quedar clara y es que tenemos al frente del Estado a un presidente que trabaja incansablemente por esta Patria; con un extraordinario equipo de ministros elegidos por su capacidad técnica; que tiene las mejores intenciones de acertar para retomar el rumbo perdido; que como pocos tiene la autoridad moral para combatir la corrupción el peor mal del país; que quiere generar consensos para cumplir su promesa de construir entre todos un mejor futuro. Pero que no se equivoquen quienes creen que el ánimo conciliador de Duque es sinónimo de debilidad. Si no le ha temblado la mano para poner en su sitio al dictador venezolano y exponer ante el mundo la tragedia de la diáspora venezolana, de la misma manera lo hará cuando la situación lo amerite. A Duque le faltan 45 de 48 meses, es decir le falta todo, es el momento de rodearlo y apoyarlo; no le hagamos el juego a esa izquierda socialista y recalcitrante que quiere incendiar a Colombia, porque tienen claro que es en medio de la anarquía y el caos que pueden llegar al poder en 2022. Ahorrémonos esa pesadilla de la que salieron milagrosamente Argentina y Brasil, pero se perpetúa en Cuba y Venezuela.
