Senador Carlos Felipe Mejía
Desde el inicio de este incierto proceso de paz que ahora se supone va para marzo de 2016, y dos meses más si no se requieren nuevas prórrogas, el presidente Santos ha insistido en el principio: “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Con los acontecimientos rimbombantes y mediáticos de la semana pasada, al país se le vendió la idea de un acuerdo específico firmado en el tema de justicia transicional. Poco a poco nos enteramos que no se quiere dar a conocer el texto del celebrado acuerdo, el Gobierno no lo quiere publicar ya que según el comisionado Jaramillo, que tiene porque saberlo, el acuerdo no está terminado y faltan muchos detalles. El jefe negociador Humberto de la Calle manifestó en varias entrevistas que el diablo está en los detalles, entonces qué: ¿hay o no acuerdo?, ¿a quiénes le debemos creer para poder analizar con objetividad el acuerdo?, a las Farc, quienes dicen “es un acuerdo en firme”, “no puede ser variado en ninguno de sus puntos”, “Poner en duda su contenido es poner en duda la fecha acordada para la terminación del conflicto” (El Espectador, 9/29/2.015).
Si una de las partes dice que es inmodificable y el comisionado argumenta que todavía está en redacción, ¿qué seriedad tiene el anuncio divulgado por el presidente en los escenarios internacionales, vanagloriándose del apoyo de la comunidad internacional, si hasta hoy no existe “oficialmente” el acuerdo en justicia?¿No es esto una comedia orquestada con fines electorales, o como reacción a encuestas de popularidad, o cortinas de humo para que el país baje la atención a la fiesta de contratos de la fiscalía, a la crisis financiera sin fondo del sistema de salud, a la realidad de las finanzas del Estado y a la real situación de la economía?
Pero, escalofrío le da a uno como miembro de un partido de oposición, con la actitud y las aseveraciones del cuestionado fiscal General de la Nación. Durante este proceso a los colombianos no se les ha dicho exactamente cuál es el papel de este funcionario en el proceso de negociación, no figura públicamente como negociador o como asesor, aunque sí ejerce y bien sabemos hacia qué parte específica. Se ha autonombrado el fiscal de la paz, y abusando de su posición de poder desconoce el principio que pregona el presidente “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, sin existir ningún acuerdo definitivo, sin aprobarse las leyes o el acto legislativo para superar el conflicto, sin definirse los detalles de cómo operaría la jurisdicción procesal del anunciado tribunal, mucho menos sin refrendación, el fiscal autónomamente suspende procesos a los miembros de las Farc, ¿acaso ya están desmovilizados o ya entregaron o dejaron o guardaron las armas?
El presidente mediante un acto legislativo pide que el Congreso le apruebe facultades extraordinarias en una ley habilitante al estilo chavista para implementar los acuerdos con las Farc, dejando de lado, como es su costumbre, el compromiso de refrendación del pueblo colombiano en las urnas; y el fiscal todopoderoso se otorga facultades sin ocultar su posición ideológica y política señalando específicamente hacia quienes van dirigidas las acusaciones ante el futuro tribunal, con base en su teoría del contexto, con la cual fundamentará acusaciones temerarias sin valoración de pruebas y sin investigaciones exhaustivas, echando mano de inferencias o interpretaciones del llamado contexto. ¿Así es como se pretende la paz entre los colombianos?, esa teoría se puede convertir en una bomba de impredecibles consecuencias, sin duda generando caos y nuevas violencias.
Solo algo quedó claro esta semana: las Farc han impuesto la teoría de que son víctimas y no victimarios y el gobierno ha caído en el juego por lograr la firma de un acuerdo a cualquier precio; así el precio sea entregarles la Patria. Al Tribunal Especial de Paz llevarán a policías, militares, a la sociedad civil y al líder de la oposición senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez; y los máximos líderes del grupo narcoterrorista de las Farc recibirán como castigo curules en el Congreso; y no solo eso, el presidente Santos para rematar la entrega de la Patria a las Farc , anunció que alias Timochenko, jefe de las Farc, condenado a más de 430 años de cárcel por crímenes atroces, podrá ser Presidente de la República. ¿Camino a la paz con Timochenko presidente y Uribe en la cárcel…?