Senador Carlos Felipe Mejía
Mientras el presidente Juan Manuel Santos continúa derrochando los escasos recursos de los colombianos en inútiles cumbres y fastuosos viajes con multitudinaria comitiva para codearse con la nobleza europea, denigrar de la oposición y desconocer los resultados del plebiscito; se debate actualmente en las comisiones económicas del Congreso, el proyecto de ley de presupuesto del sistema general de regalías para los años 2017 y 2018. Guarda íntima relación con el desfinanciado presupuesto general de la nación para el 2017 aprobado hace poco y con la reforma tributaria que también inicia su trámite. Esta última con el fin de buscar los recursos para tapar el inmenso hueco fiscal que ha dejado la caída de los ingresos petroleros, el derroche en el gasto público de la administración Santos y la ineficiencia de las inversiones tanto del presupuesto nacional como de las regalías.
Fue precisamente durante la aprobación del acto legislativo y de la ley que reglamentó la reestructuración del sistema de regalías, que un anterior ministro de Hacienda acuñó la palabra “mermelada” a la forma en que se distribuirían los recursos por todo el país. Pero lo que ha quedado en evidencia es que el calificativo se convertiría en la forma de denominar el mecanismo mediante el cual el gobierno durante estos seis años, asigna, distribuye y ejecuta el presupuesto público en inversión y funcionamiento, convirtiéndose en la operación de compra de conciencias y de apoyos más grande de la historia, conduciendonos a la actual situación de incertidumbre económica que ha obligado al mayor ajuste tributario del que tenga memoria el pueblo colombiano en mucho tiempo.
Según los informes que sobre la ejecución de las regalías de la Contraloría General y un estudio del Banco de la República han hecho, es posible concluir que con el nuevo sistema general de regalías no se ha logrado dar solución total o drástica a los problemas que motivaron las modificaciones: la poca efectividad de los proyectos ejecutados por departamentos y municipios productores de hidrocarburos, los pocos logros económicos en estas regiones como lo corrobora a diario un departamento como La Guajira, son solo un ejemplo de la corrupción e ineficiencia en las entidades territoriales al ejecutar estos recursos.
No se entiende como en la exposición de motivos del proyecto de regalías se afirme que este gobierno ha aplicado una medida fundamental llamada la “austeridad inteligente”, cuando el hueco fiscal ha develado el manejo irresponsable del gasto público muy especialmente en las épocas de campaña electoral y en onerosos gastos publicitarios y en contratistas para tratar de imponer un acuerdo de paz, el cual está hoy embolatado en medio de la arrogancia del presidente que no quiere aceptar que un nuevo acuerdo es el mandato de los colombianos en la urnas, y que un pacto nacional incluyente es la forma de lograrlo. Es fundamental que el Congreso asuma la necesidad de legislar con el objetivo de lograr un mejor sistema general de regalías especialmente en su ejecución, ya que no es posible que por retrasos en la elaboración y la viabilización de los proyectos, queden excedentes de inversión sin ejecutar como en el año 2015 por magnitud de 5,4 billones.
Las entidades territoriales deben contar con mejores mecanismos y relaciones con las instancias nacionales para que los proyectos de los municipios cumplan con los requisitos y puedan ser aprobados. Los proyectos de regalías deben ser planes estratégicos para las regiones beneficiarias, que las inversiones logren desarrollos generadores de ingresos permanentes, además permitan superar la exclusión y la pobreza así como por fin mayores niveles en ciencia, tecnología e innovación. Los proyectos deben ser de alto impacto, no pude seguirse dando que de los más de 10.000 proyectos, 6.600 sean de menos de $1.000 millones, recursos insuficientes para generar proyectos de verdadero impacto socioeconómico. Pero fundamentalmente se debe verificar cómo evitar lo que ocurre en materia de contratación con estos recursos de regalías: que en el 72% de la contratación por concurso, licitación pública y concurso de méritos, hay un solo oferente. Así no podemos lograr que las regalías beneficien al pueblo colombiano.
