Senador Carlos Felipe Mejía
Se ha tratado de vender la idea que el 2015 será el año de la paz, así los cabecillas de la banda narcoterrorista de las Farc manifiesten por todos los medios que este año no se llegará a ningún acuerdo y, es más, insisten en que el proceso será más largo de lo que pretende el presidente Santos.
Si tal como lo afirma el Gobierno es tan sustancial y está tan elaborado el acuerdo final del proceso de negociación, desde el Centro Democrático hemos insistido en que siendo consecuentes con los anuncios, ojalá se firme lo más pronto posible, y así podremos saber a qué atenernos y conocer qué sapos nos tenemos que tragar, como lo dice permanentemente el Presidente.
Lo que no entendemos es cómo se enfatiza en que la solución de todos los problemas de los colombianos es el acuerdo de paz con 10.500 guerrilleros (la mayoría campesinos reclutados obligadamente siendo menores de edad, y al servicio de un puñado de capos que hoy se pavonean entre La Habana y Caracas), pero simultáneamente se inicie el 2015 con una ofensiva gubernamental de tal magnitud en contra de la oposición democrática, que cada día enrarece más el ambiente con los casi siete millones de colombianos que decidieron no creerle a este Gobierno.
Es inocultable la relación de dependencia que la Fiscalía General de la Nación mantiene y desarrolla con el ejecutivo nacional. Sus actuaciones mediáticas de principio de este año demuestran en qué forma pretenden direccionar el actuar de la justicia, con miras a disminuir la presencia del Centro Democrático como fuerza política de la mayor trascendencia en Colombia, tratando de criminalizar la dirigencia de este nuevo partido político.
No se había visto en tiempos recientes mayor coincidencia en la opinión pública, en los editoriales de los más importantes diarios nacionales y regionales, y en los comentaristas de la vida nacional, sobre la desmedida y atrevida forma de ejercer su actividad el Fiscal General, convirtiendo a la radio y a los otros medios de comunicación en tribunales de oficio, violando todas las normas del debido proceso para prejuzgar en forma propagandística con el fin de favorecer los perversos y mezquinos intereses del gobierno nacional.
Ya va siendo hora que el país haga una evaluación objetiva de los resultados en materia de política criminal del fiscal Montealegre, quien anuncia alegremente, pero que en materia de resultados es bastante poco lo que tiene para mostrar. Muy precarios resultados en el caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes; dudosa parálisis del proceso Saludcoop, el cual fue anunciado por el Presidente como el descubrimiento del mayor desfalco al sistema de salud, y el cual está prácticamente engavetado en la Fiscalía; ridículos resultados en el caso de Interbolsa acusando funcionarios de menor jerarquía y dependientes de grandes estafadores hoy en plena libertad, o si acaso con mansiones por cárcel, para citar solo algunos ejemplos.
Pero lo más sorprendente es la forma en que en este, que es un año electoral, se haya iniciado en las regiones de nuestro país, con actividades de constreñimiento al elector, ejercidas por alcaldes y gobernadores en campaña para mantener sus maquinarias electorales en el poder, o como abiertamente la hace el presidente del Partido de la U, quien en Cartagena notificó a los ciudadanos que si no apoyan a los candidatos de Santos, recibirán retaliaciones del gobierno en la inversión.
No es un ambiente precisamente de paz el que está promoviendo el Gobierno a través de sus partidos y la Fiscalía, generando desazón por el devenir democrático de las elecciones del presente año, mientras las Farc ganan tiempo, territorio y acomodan su estrategia dilatando los acuerdos cada vez más lejanos en La Habana.
A pesar de todo, seguiremos desde el Centro Democrático defendiendo la libertad y la democracia de esta Patria que tanto queremos y que no se cansan de maltratar quienes hoy la dirigen.
