Senador Carlos Felipe Mejía
Va a quedar corto este último año del gobierno Santos, para que el país por fin descubra el entramado que se diseñó para abusar desde el poder en aras de lograr el despropósito de imponer a toda costa un acuerdo que llaman de paz. Lo que el Fiscal con la ayuda de la justicia americana ha empezado a develar, no es más que la manifestación expresa del secreto a voces de la cartelización de la justicia por algunos de los miembros de las altas cortes. Se anuncia en los medios que desde los Estados Unidos, se viene adelantando una investigación enorme, según la cual algunos magistrados en concurso con la Fiscalía anterior del señor Montealegre y su socio Perdomo, crearon un complot para obstrucción de la justicia. “El magistrado de la paz”, como lo llamó la revista Semana, se ha permitido no solo desconocer las pruebas que le encontraron al criminal Reyes cuando fue abatido por la Seguridad Democrática sino que en concurso con otros magistrados se daba la libertad de colgar expedientes sin resolver en el tiempo. Así no se hace justicia, eso solo lleva a la extorsión o la amenaza hacia el investigado, es decir corrupción.
Las actuaciones de los magistrados denunciados son las que han permitido a este gobierno, en alianza con jueces de la misma talla, perseguir contradictores, desconocer resultados electorales, direccionar fallos para lograr apoyos y hasta robarse unas elecciones con la ayuda de un exfiscal perverso, el cual según lo que dicen sería hoy un alto asesor del presidente. Los medios de comunicación hacen señalamientos hacia los funcionarios investigados, pero olvidan que tomaron partido cuando en sesión solemne de una alta corte se argumentó, sin vergüenza y con desparpajo, que los fallos debían ser políticos y no jurídicos cuando se trataba de perseguir al gobierno del presidente Álvaro Uribe, condenando funcionarios mediante autoincriminaciones de delincuentes confesos.
Se está destapando la caja de pandora, ojalá no sea tarde para que este país se concientice de la desinstitucionalización que nos hace pensar que agoniza la justicia en Colombia. Pero además a la poca que va quedando, este gobierno, el congreso y las cortes, permiten que se cree una justicia especial para las Farc que pasará por encima de la justicia ordinaria y que aspiran a conformarla uno de estos señores implicados en la investigación y la señora de otro de ellos, y ni nos imaginamos cuántos de quienes conformarán esta justicia de las Farc, provengan del arreglo clientelar y corrupto, que desde hace años ha campeado en las cortes bajo la dirección de estos señores todopoderosos.
Gran preocupación y autoexamen se deberían estar haciendo la academia y las facultades en las cuales se ha formado una generación de abogados para los cuales han primado los beneficios, la ostentación, el clientelismo burocrático y el acceso al poder no por méritos sino por acuerdos tras bambalinas. Ha quedado demostrado que el Congreso se ha intimidado para adelantar reformas profundas a la justicia, y cuando en algo ha avanzado, las mismas cortes han tumbado las modificaciones. Sufrirá mucho el país con la nueva justicia de las Farc, pero será más doloroso si no se adelanta con urgencia y por medios viables, la eliminación de la comisión de acusaciones, la eliminación de cualquier participación de miembros de las cortes en elecciones de otros dignatarios, una justicia temporal que pueda revisar todos los fallos emitidos por la justicia politizada, crear mecanismos novedosos para una selección más calificada de magistrados con profunda experiencia y larga carrera que generen la confianza que hoy nadie tiene en este país hacia su sistema de justicia.
Este es el gran legado del presidente Santos: unas Farc libres, con partido político, multimillonarios y con brazo armado delinquiendo y promoviendo el modelo cubano-venezolano del socialismo Castrochavista para Colombia, y corrupción a todo nivel, desde el primer cargo de la nación, el Congreso, las cortes, los medios de comunicación, gremios de la producción… Santos le enseñó al país que el fin justifica los medios, que todo vale, y que todo el que ejerce algún poder tiene precio. Por supuesto que hay excepciones afortunadamente, no sé si suficientes para redireccionar esta Patria maltratada y dolida que ve con estupor cómo transitamos el camino oscuro donde la libertad y la democracia podrían ser valores del pasado.
