El Gobierno del presidente Iván Duque ha implementado medidas para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica, para contener y mitigar los efectos de la pandemia, medidas sin las cuales no podríamos pensar en una etapa de reactivación. Se inyectaron 15,1 billones de pesos del Fondo de Ahorro y Estabilización del sistema general de regalías en calidad de préstamos a la nación, el Fondo Nacional de Garantías se fortaleció en 3,25 billones, para brindar garantías a los créditos de todos los sectores económicos afectados por la crisis. El Gobierno ha logrado que los sectores de la población más vulnerables mantengan un ingreso disponible con responsabilidad fiscal, es por esto que se han concretado ayudas sociales para la población así: giros extraordinarios a Familias en Acción 1,5 billones, a Jóvenes en Acción 0,5 billones, Colombia Mayor 0,695 billones, adelanto en devolución de IVA 0,4 billones y uno muy significativo, el Programa de Ingreso Solidario, 4,4 billones de pesos. Además, un programa muy importante para mantener la dinámica de la economía, el Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, que ha destinado 4,37 billones de pesos. Sumado esto a que en materia de créditos se han realizado giros en el marco de la emergencia por $3,11 billones para la micro, pequeña y mediana empresa, beneficiando a 1’700.000 empleados de nómina y a 131.700 empresas.
Pero las consecuencias de la pandemia han hecho más evidentes problemas estructurales en la economía colombiana, que es urgente corregir. Si bien mediante el Fondo Nacional de Garantías se han respaldado créditos por 13,5 billones a 370.000 empresarios e independientes, hay una queja generalizada por los cuellos de botella por parte de los bancos para acceder a los créditos. Los colombianos sienten que los bancos no han ayudado lo suficiente durante esta crisis, a pesar que el Gobierno subió las garantías del 80% al 90%. Se mantienen similares restricciones que antes de la pandemia, las tasas de interés no han bajado y los alivios que ofrecieron a los deudores solo consistieron en ampliación de plazos, pero no en rebaja o condonación de intereses, a pesar de las garantías de la nación, lo que en realidad se ha obtenido no es un alivio sino una extensión de la deuda a más meses y hasta años. Durante la mayor parte del tiempo de la crisis, los montos de los créditos han sido limitados, fueron muchas las empresas que no lograron sostenerse, y tuvieron que cerrar los establecimientos ya que no alcanzaron a cubrir los costos de nómina, a conciliar el pago de arriendos y sus cláusulas, tuvieron que pagar los prediales y las cuotas de los créditos, todo se ve reflejado en los numerosos locales desocupados y los mismos propietarios sin recibir ingresos por arredramiento. Al menos la intermediación de los cuantiosos recursos irrigados por el gobierno en la pandemia, debieron tener un tratamiento especial y no ocurrió así. El sistema financiero creció el año pasado 5,7 % y obtuvo ganancias por $13 billones. Es muy importante tener un sistema financiero sólido, pero también solidario.
La deuda colombiana llegó a US$150.189 millones, lo que representa el 53,6% del PIB, la sola deuda pública es de US$ 83.068 millones, el 29,6% del PIB. Esto significa que durante los próximos años tendremos que destinar gran parte del presupuesto nacional para honrar el servicio de esta deuda. Frente a la magnitud de las cifras, solo se puede lograr una reactivación constante y permanente de la economía nacional, mediante una reducción drástica de los gastos y del tamaño del Estado, de la eliminación de inútiles agencias, fusión de ministerios, supresión de delegaciones diplomáticas, congelación de nóminas y altos salarios en las tres ramas del poder público al menos por los próximos cinco años, y por supuesto eliminación de todos los organismos onerosos e incompetentes como la JEP. El país necesita mantener los apoyos como el ingreso solidario y los subsidios condicionados, que son absolutamente necesarios para la población más vulnerable.
El presidente Duque sancionó en Sonsón (Antioquia) la Ley de Presupuesto General de la Nación para el próximo año por $313,9 billones de los cuales $58,6 billones son para inversión. Sin duda un presupuesto ambicioso que le apuesta a la reactivación económica y a la inclusión social. Es urgente que los organismos de control se empleen a fondo con medidas y mecanismos de lucha contra la corrupción, la evasión de impuestos, el contrabando y el lavado de activos que complementen las drásticas medidas de austeridad que tendrán que implementarse a nivel nacional, departamental y municipal, y por supuesto en las tres ramas del poder público. La reactivación económica será el gran desafío del 2021, año en el que esperemos podamos superar la pandemia que ha hecho de este 2020 que termina, un año excepcionalmente atípico.
